El nuevo gobierno revoca en una semana la última reserva que Santurbán había ganado en julio

El 6 de agosto de 2026, un día antes de entregar el poder, el gobierno de Gustavo Petro declaró una Reserva de Recursos Naturales Renovables permanente sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca La Baja, en el municipio de California, Santander. Siete días después, el 13 de agosto, el nuevo Ministerio de Ambiente firmó la Resolución 1037 de 2026 y la dejó sin efecto.

---

Una reserva que ya habíamos visto nacer

Este blog cubrió el origen de esas 1.499 hectáreas hace menos de un mes. La Resolución 863 de 2026, publicada el 15 de julio, no era una sola pieza: era un paquete de tres instrumentos para el complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, y uno de ellos era justamente esa "reserva definitiva" sobre la quebrada La Baja, destinada a proteger nacimientos estratégicos del sistema hídrico que abastece a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander.

En julio, ese anuncio quedaba en el aire con una pregunta abierta: qué tan estable sería una delimitación firmada por un gobierno que salía del poder el 7 de agosto. La respuesta llegó más rápido de lo que cualquier lectura optimista hubiera anticipado.

Las dos razones jurídicas detrás de la revocatoria

El Ministerio no basó la revocatoria en un cambio de criterio ambiental, sino en dos defectos de trámite documentados por El Tiempo:

Motivo	Qué pasó
Recusación sin resolver	El 4 de agosto se radicó una recusación contra la entonces ministra Irene Vélez. El artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 suspende automáticamente el trámite mientras esa recusación no se resuelva; el Ministerio firmó la reserva dos días después, sin resolverla.
Consulta pública incompleta	Un fallo de tutela del 10 de agosto del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga encontró que el anexo cartográfico no estaba publicado cuando arrancó la consulta pública el 14 de julio: apareció ocho días más tarde. El juzgado ordenó reiniciar todo el proceso.

El ministro Fabio Arjona resumió el argumento así: la reserva de agosto fue una "resolución exprés" firmada "de manera improvisada" sin resolver esos dos pendientes legales, y la revocatoria busca reabrir el proceso "con evidencia científica y seguridad jurídica".

Quién gana y quién pierde con la revocatoria

La decisión dividió reacciones de forma casi simétrica entre quienes viven en la zona directamente afectada y quienes ven el caso desde la protección del agua de Bucaramanga:

• Comunidades mineras de California y Soto Norte celebraron. Rosa Amira Mendoza Jaimes, directora de la Organización de Mineras y Ambientales de Soto Norte, dijo que la comunidad "recibió con alegría y esperanza" el fallo que originó la revocatoria. Fabio Maldonado, del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte, señaló que la resolución original había dejado al municipio de California "en situación de ilegalidad".
• El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán rechazó la medida. El colectivo escribió que "no pasó ni un mes y el gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán", y planteó que la emergencia sísmica reciente en el país se usó como cortina para eliminar una de las primeras barreras al proyecto minero Soto Norte de la multinacional Aris Mining.
• El expresidente Gustavo Petro entró directamente en la disputa. En un mensaje del 19 de agosto, escribió que el ministro Arjona "ha anulado (...) la resolución que defendía el agua de Bucaramanga de la explotación minera del oro" y afirmó que "el objetivo de Abelardo es entregar esa área a las multinacionales del oro de los EEUU, de una de las cuales ha sido socio". No mencionó ninguna empresa por nombre y el gobierno actual no ha respondido públicamente a esa acusación.

Qué significa esto para quien trabaja con el territorio

Más allá de quién tiene la razón jurídica, el episodio deja una lección operativa concreta: una delimitación o una reserva ambiental firmada en los últimos días de un gobierno saliente no es un dato adquirido, es un dato provisional hasta que sobrevive al primer mes de la administración entrante. Para cualquier proyecto, predio o inversión que dependía de que esas 1.499 hectáreas quedaran protegidas (o, en el caso de las comunidades mineras, de que quedaran liberadas), la instrucción del Ministerio es la misma: vuelve a foja cero, con una nueva "evaluación técnica y jurídica integral" cuyo cronograma todavía no se ha hecho público.

También queda claro que el paquete de julio no era una sola resolución blindada, sino tres piezas independientes con estabilidad jurídica distinta. La delimitación progresiva de 29.199 hectáreas y la ampliación de la reserva temporal por 75.432 hectáreas, las otras dos piezas de ese mismo paquete, no fueron tocadas por la Resolución 1037; solo cayó la reserva definitiva de La Baja. Eso no las hace automáticamente seguras, solo confirma que cada instrumento puede tener un destino distinto según cómo haya sido tramitado.

Lo que queda pendiente

El Ministerio anunció una nueva consulta pública para la microcuenca La Baja, sin fecha confirmada al momento de escribir esto. Mientras tanto, el área queda sin la figura de reserva que tuvo durante una semana, en un punto donde la protección del agua para 2,5 millones de personas y el reclamo histórico de comunidades mineras formalizadas siguen compitiendo por el mismo territorio, sin que nadie, por ahora, tenga una respuesta definitiva.