260 km² de costa en riesgo para 2100: qué exige el nuevo Plan Maestro de Erosión Costera de Colombia

En el sector urbano de Cartagena la playa retrocede 1,7 metros cada año. En Playetas, cerca de ahí, la cifra sube a 2 metros anuales, y en el tramo más crítico de la isla de Tierrabomba llega a 2,7 metros al año. Son datos medidos, no proyectados, publicados por Rangel-Buitrago y colegas en un estudio revisado por pares sobre erosión costera en el Caribe colombiano. El 6 de agosto de 2026, ese problema que ya se mide en metros por año finalmente tuvo un instrumento nacional que lo organiza: la Resolución 0947 de 2026, con la que el Ministerio de Ambiente adoptó el Plan Maestro de Erosión Costera de Colombia (PMEC).

Por qué importa ahora

Esa cifra, entre 230 y 260 kilómetros cuadrados, es la que el propio Ministerio de Ambiente usa para dimensionar lo que está en juego en el horizonte del plan: playas, manglares, acantilados y zonas insulares del Caribe y el Pacífico, según la estrategia de cooperación que el ministerio ya venía ejecutando bajo el marco del PMEC desde antes de que la resolución le diera respaldo legal formal. El plan fija revisiones de avance en 2033 y una evaluación final en 2040, un horizonte de más de una década que obliga a pensar la gestión costera como algo distinto a un proyecto puntual.

Qué exige la Resolución 0947

El PMEC es el instrumento de planeación estratégica de referencia para toda acción pública sobre erosión costera en el país, y aplica a las zonas costeras, marinas e insulares del Caribe y el Pacífico, incluidas las áreas marinas protegidas. El propio ministerio describe el plan como una implementación de "seis programas estratégicos", enfocados en:

• Investigación y generación de conocimiento científico sobre la dinámica litoral.
• Intervenciones en los territorios priorizados.
• Seguimiento, monitoreo y control del avance de la erosión.
• Gestión del portafolio de proyectos.
• Apropiación y transferencia de conocimiento para fortalecer la toma de decisiones.

La responsabilidad de ejecutarlo no recae en una sola entidad: corresponsables incluyen autoridades ambientales nacionales y regionales, las Corporaciones Autónomas Regionales, las unidades de gestión del riesgo de desastres, la autoridad marítima, además de academia y organizaciones comunitarias en los territorios costeros.

Dónde ya se ve el problema

La erosión costera en Colombia no es un fenómeno nuevo ni uniforme. El mismo estudio de Rangel-Buitrago encontró que, para el periodo 1980-2014, el 48,3% de la costa Caribe colombiana (1.182 kilómetros) estaba en erosión activa, frente a un 33,2% estable y solo un 18,4% en acreción. En el golfo de Urabá, en el sector de Punta Rey-Arboletes (norte de Antioquia), el retroceso llegó a 900 metros en los últimos 30 años, con picos puntuales de 30 metros por año. Las causas se combinan: tormentas, marejadas, sequías extremas asociadas al fenómeno de El Niño y, cada vez con más peso, intervenciones humanas sobre la dinámica natural del litoral (obras costeras, dragados, pérdida de manglar que amortiguaba el oleaje).

Sector	Tasa de erosión medida	Fuente
Cartagena, zona urbana	1,7 m/año	Rangel-Buitrago et al.
Playetas (Bolívar)	2 m/año	Rangel-Buitrago et al.
Isla de Tierrabomba, tramo más crítico	2,7 m/año (últimos 9 años)	Rangel-Buitrago et al.
Punta Rey-Arboletes (golfo de Urabá)	hasta 30 m/año	Rangel-Buitrago et al.

Estas tasas son promedios, no una cuenta fija que se repite cada año. Se calcularon comparando imágenes satelitales y aéreas del litoral entre 1980 y 2014 con el método DSAS del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), así que un año de tormenta fuerte puede llevarse varios metros de golpe y otros años pasar casi sin cambio: el número es el neto de tres décadas. Y en el caso puntual de Cartagena, esa cifra describe playas urbanas, como Bocagrande, El Laguito, Las Tenazas y Marbella, que desde la década de 1970 tienen más de 100 espolones construidos para contener justamente esa erosión. La playa que hoy usan bañistas y turistas no está en equilibrio natural: existe porque lleva más de cinco décadas sostenida con obra dura, y el 1,7 m/año es lo que sigue retrocediendo a pesar de esa infraestructura, no lo que retrocedería sin ella.

Las comunidades que dependen directamente del borde de agua son las que menos margen tienen para absorber ese retroceso. La Ciénaga Grande de Santa Marta, un humedal Ramsar de más de 4.280 km² entre el río Magdalena y la Sierra Nevada, es uno de esos casos: sus manglares amortiguan el oleaje del Caribe para decenas de poblados ribereños, y es exactamente el tipo de ecosistema que el PMEC identifica como prioritario para intervención y monitoreo.

La cooperación que ya estaba en marcha antes de la resolución

Meses antes de que la Resolución 0947 le diera estatus legal formal al PMEC, el ministerio ya lo estaba ejecutando de facto a través de un acuerdo con el Panel Internacional sobre Deltas, Áreas Costeras e Islas (IPDC) y organizaciones neerlandesas como Deltares, el IHE Delft Institute for Water Education y Wageningen University & Research. Ese acuerdo cubre tres frentes: análisis de morfodinámica costera entre Chocó y Bolívar, un piloto de soluciones basadas en la naturaleza en el archipiélago de San Andrés y un programa de formación técnica, TRAINCOAST, cuya primera cohorte reunió a 72 participantes de 37 instituciones distintas. Que el instrumento legal llegara después que la cooperación técnica sugiere una hoja de ruta que ya venía tomando forma, no una resolución escrita desde cero.

Qué significa esto para quien trabaja cerca del litoral

Para cualquier organización con proyectos, infraestructura o líneas base ambientales en zona costera, el PMEC deja de ser un documento de referencia general y pasa a ser el marco al que deben articularse los instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del riesgo de las autoridades ambientales y de riesgo con jurisdicción marino-costera. Eso implica dos cosas prácticas: los estudios de línea base que hoy se hacen en zonas del Caribe o el Pacífico deberían empezar a referenciar el PMEC como parte del contexto normativo, y el calendario de revisión (2033, 2040) da una ventana larga pero concreta para anticipar qué tramos de costa entrarán en la fase de intervención territorial priorizada.

Que Colombia tarde hasta 2026 en darle a la erosión costera un plan maestro con presupuesto y responsables definidos, cuando el fenómeno lleva documentado desde hace más de dos décadas en estudios como el de Rangel-Buitrago, dice tanto sobre la magnitud del problema como sobre la dificultad de coordinar una respuesta que cruza autoridades ambientales, de riesgo, marítimas y territoriales al mismo tiempo. El instrumento ya existe; lo que falta por ver es si esa coordinación se sostiene hasta la revisión de 2033.

Foto de portada: Playa de Bocagrande, Cartagena, por Pedro Szekely, Wikimedia Commons, licencia CC BY 2.0.