Casi 200 cocodrilos del Orinoco pasaron seis meses sin comer: hizo falta un tribunal para que alguien se hiciera cargo

Casi 200 cocodrilos del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie en peligro crítico de extinción, pasaron cerca de seis meses sin recibir alimentación regular. No fue una emergencia sanitaria ni una falta de presupuesto: fue un desacuerdo entre instituciones sobre quién debía hacerse cargo. La situación solo se resolvió el 10 de julio de 2026, cuando el Tribunal Superior de Villavicencio falló a favor de una acción de tutela y ordenó a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) garantizar el suministro "continuo y eficiente" de comida.

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Por qué esta especie no puede darse el lujo de un tropiezo administrativo

El cocodrilo del Orinoco está clasificado como en peligro crítico por la Lista Roja de la UICN, con una población silvestre estimada entre 1.500 y 2.500 individuos tras una reducción superior al 80% tres generaciones atrás por la cacería comercial de mediados del siglo XX. Está en el Apéndice I de CITES desde el origen mismo de la convención: no se le puede comerciar, legal ni ilegalmente.

Con una población silvestre tan pequeña, el programa de cría y reintroducción en cautiverio no es un proyecto de investigación cualquiera: es una de las pocas palancas reales para que la especie no desaparezca del todo. Perder ejemplares reproductores adultos, o simplemente perder años de trabajo genético y de seguimiento satelital, tiene un costo que no se recupera fácilmente.

Veinte años de ciencia, un vacío jurídico

El Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero, formalizado en 2002 pero con investigación desde 1998, es uno de los programas de conservación de fauna mejor documentados científicamente del país. Ha producido estudios genéticos publicados en revistas como el Biological Journal of the Linnean Society, seguimiento satelital de individuos liberados y más de 40 cocodrilos reintroducidos a su hábitat natural entre 2016 y 2024, incluidas liberaciones en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela.

El problema, según reportó Mongabay Latam en mayo de 2026, no fue científico sino contractual: los acuerdos entre la UNAL y las instituciones que reciben parte de los animales (la Universidad de los Llanos y el Parque Agroecológico Merecure, en Meta) databan de la fase inicial del programa y, según la UNAL, esa fase ya había concluido en 2012 sin una evaluación formal que la renovara. Los investigadores del programa respondían que esos mismos acuerdos autorizaban explícitamente a la UNAL a asumir alimentación y atención veterinaria, y que cada animal tiene microchip de identificación verificable.

Mientras las dos partes discutían quién tenía la razón, nadie alimentaba a los cocodrilos.

Lo que se perdió mientras las instituciones discutían

Ese vacío tuvo consecuencias concretas, documentadas entre noviembre de 2025 y abril de 2026:

• Cerca de 1.260 huevos dejaron de recolectarse desde 2025 por la suspensión del programa.
• Se reportaron episodios de agresión entre cocodrilos confinados por hacinamiento y estrés, con al menos una muerte de un ejemplar adulto.
• Las inspecciones veterinarias autorizadas se detuvieron en diciembre de 2025, y a un veterinario del programa se le negó el acceso a las instalaciones desde enero de 2026.
• La investigación sobre ecología espacial y supervivencia postliberación quedó suspendida.

El exdirector del programa, Mario Vargas Ramírez, lo resumió así ante Mongabay Latam: "En el futuro a nadie le va a importar el problema de hoy. Van a preguntar: ¿cómo nadie hizo nada para salvar a esos cocodrilos?".

Hizo falta un tribunal, no un ministerio

El fallo del 10 de julio de 2026 respondió a una tutela presentada por el activista y documentalista Mauricio Salazar. El Tribunal Superior de Villavicencio ordenó a la UNAL garantizar alimentación continua, atención médico-veterinaria permanente, monitoreo nutricional, suministro de agua y condiciones mínimas de bienestar animal para los cocodrilos en las tres sedes: la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, la Universidad de los Llanos y el Parque Agroecológico Merecure. También le dio al Ministerio de Ambiente 20 días desde la notificación del fallo para convocar el órgano técnico que supervisa el Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, el mismo espacio que llevaba meses sin reunirse mientras la disputa se extendía.

Que una decisión judicial haya tenido que resolver algo que, en teoría, un convenio interinstitucional ya cubría, es la parte más incómoda de este caso.

Qué queda pendiente

El fallo resuelve la emergencia inmediata, pero no resuelve la pregunta de fondo: quién asume la responsabilidad estructural del programa a largo plazo, y con qué convenio actualizado. Si el Ministerio de Ambiente convoca ese órgano técnico dentro del plazo y este define reglas claras y financiamiento sostenido, el episodio puede quedar como un susto superado. Si la convocatoria se demora o el nuevo acuerdo vuelve a ser ambiguo sobre quién paga qué, el mismo vacío puede repetirse con la próxima generación de huevos sin recolectar.

Para un programa que depende de la continuidad (seguimiento satelital de años, comparaciones genéticas entre generaciones, liberaciones escalonadas), la lección no es que faltó ciencia. Faltó una regla clara sobre quién se hace cargo cuando el convenio original ya venció, y esa regla debería quedar escrita antes de que vuelva a hacer falta un tribunal para recordarla.