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Licencia ambiental en Colombia

Qué es la licencia ambiental, cómo se reparten la competencia la ANLA y las corporaciones, qué documentos exige la solicitud y cuáles son los plazos del trámite.

Última revisión: 28 de septiembre de 2026

Presa y embalse de Chivor entre montañas andinas cubiertas de bosque, con un canal de drenaje y una vía en primer plano.
Foto: JorgeMahecha · CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons

Guía informativa; confirma los requisitos con la autoridad ambiental competente.

Qué es

Es «la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje». Así la define el artículo 3 del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015.

Hay dos reglas en ese mismo artículo que ahorran muchos trámites y que casi nadie tiene presentes. La primera: «La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables» que el proyecto necesite durante su vida útil. No hay que tramitarlos aparte; hay que identificarlos con claridad en el estudio de impacto ambiental.

La segunda: «Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental». Y va con su corolario, que es el error de competencia más caro: las corporaciones y demás autoridades ambientales no pueden otorgar permisos, concesiones o autorizaciones cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia es de competencia privativa de la ANLA.

La licencia se obtiene antes de iniciar el proyecto, y se otorga sobre un estudio: el Estudio de Impacto Ambiental, y en algunos casos un Diagnóstico Ambiental de Alternativas previo.

«La licencia ambiental lleva implícitos los permisos para usar recursos naturales que el proyecto necesite: no se tramitan aparte, se identifican con claridad en el estudio de impacto ambiental.»

Quién lo necesita

El artículo 7 lo cierra sin ambigüedad: «Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9°». Si el proyecto no está en esas listas, no se licencia, y las autoridades tampoco pueden imponerle un plan de manejo ambiental por fuera de lo que el decreto establece.

De competencia privativa de la ANLA (artículo 8 del Decreto 2041, hoy artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076), por sectores: hidrocarburos; minero; construcción de presas, represas o embalses; eléctrico; generación de energía nuclear; marítimo y portuario; aeropuertos internacionales y nuevas pistas; obras públicas de la red vial nacional, la red fluvial nacional y la red férrea nacional, y obras marítimas duras; distritos de riego y drenaje; producción de pesticidas y su importación en los casos que el decreto enumera; importación o producción de determinadas sustancias, materiales o productos; proyectos que afecten áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales; infraestructura o agroindustria en las demás áreas protegidas públicas nacionales; proyectos que adelanten las propias corporaciones; trasvases entre cuencas; e introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o híbridos.

De competencia de las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y las autoridades creadas por la Ley 768 de 2002 (artículo 9 del Decreto 2041, hoy artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076), dentro de su jurisdicción: en general, los mismos sectores por debajo de ciertos umbrales. Por ejemplo, la explotación de carbón por debajo de 800.000 toneladas al año, los materiales de construcción por debajo de 600.000 toneladas al año de arcillas o 250.000 metros cúbicos de otros materiales, los minerales metálicos y piedras preciosas por debajo de 2.000.000 de toneladas al año de remoción total, las presas de capacidad igual o inferior a 200 millones de metros cúbicos, y las centrales de generación de 10 a menos de 100 MW distintas de las hídricas.

El sector eléctrico sí conviene mirarlo de cerca, porque es el que más se ha movido y cada lista tiene su propio texto vigente. El numeral 4 de la lista de la ANLA lo reescribió completo el Decreto 1186 de 2025, en noviembre: hoy son competencia privativa de la ANLA las centrales generadoras con capacidad instalada igual o superior a 100 MW; los proyectos de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes con capacidad instalada igual o superior a 50 MW; el tendido de líneas del Sistema de Transmisión Nacional que operen a 220 kV o más; y los proyectos que se tramiten por las dos licencias de diseño optimizado, LASolar y LAEólica. El numeral 4 de la lista de las corporaciones conserva la redacción que le dio el artículo 3 del Decreto 852 de 2024: les quedan las centrales de 10 a menos de 100 MW distintas de las hídricas, las hídricas por debajo de 100 MW salvo las pequeñas de hasta 10 MW en Zonas No Interconectadas, las alternativas de 10 a menos de 50 MW, y el Sistema de Transmisión Regional entre 50 y menos de 220 kV.

Dos rutas optativas para solar y eólica. En 2025 se agregaron al Decreto 1076 dos capítulos que crean licencias propias: la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (LASolar, capítulo 10, Decreto 1033 de 2025) y la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica, capítulo 11, Decreto 1186 de 2025), las dos para proyectos con capacidad instalada de 10 a 100 MW que cumplan los criterios de inclusión. Son optativas: los artículos 2.2.2.10.1 y 2.2.2.11.1 dicen que los interesados «podrán solicitar» la LASolar o la LAEólica, así que un proyecto que cumpla los criterios puede ir igual por la licencia ordinaria. Las dos las otorga la ANLA, arrancan pidiendo términos de referencia específicos para el estudio de impacto ambiental, y tienen prohibición expresa de doble trámite: no se pueden tramitar a la vez que la licencia ordinaria (artículos 2.2.2.10.10 y 2.2.2.11.10). Si el proyecto no cumple los criterios de inclusión, queda la licencia ordinaria.

Esta guía no reproduce las listas completas. Son varias páginas de umbrales por sector y transcribirlas a medias es peor que no hacerlo: el enlace al texto oficial está abajo y hay que leerlo contra el proyecto concreto. Lo que sí conviene retener es la lógica: el sector y la escala deciden quién es competente.

Y una regla que resuelve el caso más común de duda: si el proyecto se desarrolla en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, estas deben enviar la solicitud a la ANLA, que designa cuál decide (artículo 12).

Autoridad competente

La ANLA para los proyectos del artículo 8, de manera privativa; las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales creadas por la Ley 768 de 2002 para los del artículo 9, dentro de su jurisdicción.

Cuando el proyecto abarca dos o más jurisdicciones, las autoridades envían la solicitud a la ANLA, que dentro de los 15 días hábiles siguientes a recibir la información designa la autoridad competente para decidir. Desde ahí el procedimiento lo adelanta la autoridad designada: es ella la que decide sobre la licencia y la que precisa, en el acto de otorgamiento, cómo participa cada entidad en el seguimiento (artículo 2.2.2.3.2.6 del Decreto 1076). Las tasas ambientales se pagan a la autoridad en cuya jurisdicción se use directamente el recurso.

Hay un concepto previo obligatorio que se pasa por alto. El artículo 10 dispone que cuando el proyecto pretenda intervenir humedales de la lista RAMSAR, páramos o manglares, la autoridad competente debe solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente sobre la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Saber si el polígono toca alguno de los tres cambia el cronograma.

Y si el área está dentro de una reserva forestal nacional, la sustracción la evalúa el Ministerio de Ambiente, no la autoridad que licencia (artículo 11).

Norma principal

  • Decreto 1076 de 2015PDF · 1,8 MBDecreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es la norma que hay que invocar: compiló el régimen de licenciamiento ambiental.
  • Decreto 2041 de 2014Reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Es el texto que quedó compilado en el 1076 y el que contiene el concepto, las listas de proyectos por competencia, los requisitos y el procedimiento.
  • Ley 99 de 1993, Título VIIIPDF · 291 kBEs la ley que crea la licencia ambiental y a la que el decreto reglamenta.
  • Decreto 852 de 2024PDF · 93 kBAdiciona al artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 la definición de energías alternativas virtualmente contaminantes y modifica el numeral 4, el del sector eléctrico, de las dos listas de competencia: la de la ANLA (artículo 2.2.2.3.2.2, por su artículo 2) y la de las corporaciones (artículo 2.2.2.3.2.3, por su artículo 3). Bajó a la ANLA el umbral de esas fuentes de 100 a 50 MW. El numeral de la lista de la ANLA lo reescribió después el Decreto 1186 de 2025; el de la lista de las corporaciones sigue con el texto de este decreto. Para lo eléctrico de la ANLA hay que leer el 1186; para lo de las corporaciones, este.
  • Decreto 1186 de 2025, artículo 2PDF · 137 kBDel 10 de noviembre de 2025. Adiciona el capítulo 11 del Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 (la LAEólica, una ruta optativa) y, en su artículo 2, reescribe el numeral 4 del artículo 2.2.2.3.2.2. Es el texto vigente de las competencias de la ANLA en el sector eléctrico; no tocó la lista de las corporaciones.
  • Decreto 1033 de 2025PDF · 130 kBAdiciona el capítulo 10 del Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076: la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (LASolar), una ruta optativa para proyectos de generación solar de 10 a 100 MW de capacidad instalada, con términos de referencia específicos y prohibición de doble trámite.
  • Decreto 670 de 2025, artículo 4PDF · 166 kBDel 17 de junio de 2025, del programa Basura Cero. Agrega al artículo 2.2.2.3.2.3 la construcción y operación de Parques Tecnológicos y Ambientales entre las licencias de competencia de las corporaciones. Es una adición a la lista de las CAR que no viene del sector energético.
  • Resolución ANLA 000921 de 2025, modificada por la 001153 de 2026Fija las tarifas del servicio de evaluación y seguimiento. Es la que hay que mirar para liquidar; la cadena viene de la Resolución 1140 de 2022, modificada por la 999 de 2023.

Requisitos y documentos

  • El Estudio de Impacto Ambiental, elaborado según los términos de referencia que apliquen al sector.
  • Formulario Único de Licencia Ambiental.
  • Los planos que soportan el estudio, en el Modelo de Almacenamiento Geográfico vigente.
  • Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
  • Poder debidamente otorgado, cuando se actúe por apoderado.
  • Constancia de pago del servicio de evaluación. Ante la ANLA la autoliquidación se hace antes de radicar; si se necesita que la liquide la autoridad, hay que pedirlo con al menos 15 días hábiles de antelación a la solicitud.
  • Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en el caso de personas jurídicas.
  • Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y existencia de territorios colectivos en el área del proyecto.
  • Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en cumplimiento de la Ley 1185 de 2008.
  • Formato aprobado por la autoridad ambiental competente para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud.
  • Según el proyecto, el mismo artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 suma otros anexos en sus parágrafos: en minería, copia del título minero o del contrato de concesión, otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional; en hidrocarburos, copia del contrato respectivo; en la explotación de carbón, los estudios del modo de transporte hasta el puerto de embarque; y en hidrocarburos con estimulación hidráulica, un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que haga constar si esa actividad se ejecutará en un yacimiento convencional, en uno no convencional o en ambos.
  • Si la licencia es de competencia de la ANLA, el solicitante radica además una copia del Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades ambientales regionales respectivas, y entrega a la ANLA la constancia de esa radicación al solicitar la licencia.

Pasos

  1. Acto de inicio, de manera inmediataRadicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad expide de manera inmediata el acto administrativo de inicio, que se comunica y se publica en su boletín.
  2. Evaluación y visita · 20 días hábilesLa autoridad revisa que el estudio se ajuste al Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y hace visita al proyecto cuando su naturaleza lo requiera, dentro de los 20 días hábiles siguientes al acto de inicio.
  3. Reunión de información adicional · 10 días hábilesSi no se estima pertinente la visita, o vencido ese plazo, la autoridad tiene 10 días hábiles para convocar una reunión y pedir por una única vez la información adicional. Ese es el único escenario en el que puede requerirla, y lo que se decida ahí se notifica verbalmente y queda en acta.
  4. Respuesta del solicitante · 1 mes, prorrogableEl peticionario tiene un mes para allegar lo requerido, prorrogable por un término igual de manera excepcional. La información tiene que ser exclusivamente la solicitada: si se allega información distinta o se complementa después, la autoridad no la considera. Si no se allega, se archiva la solicitud y se devuelve la documentación.
  5. Conceptos de otras entidades · 10 y 20 días hábilesRecibida la información, la autoridad tiene 10 días hábiles para pedir conceptos técnicos a otras entidades, que deben responder en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Mientras tanto la evaluación continúa.
  6. Decisión · máximo 30 días hábilesVencido lo anterior, la autoridad tiene hasta 30 días hábiles para expedir el acto que declara reunida la información y la resolución que otorga o niega la licencia. Contra ella proceden los recursos de la Ley 1437 de 2011.
30 díasDías hábiles que tiene como máximo la autoridad, vencidas las etapas anteriores, para expedir la resolución que otorga o niega la licencia.

Tiempos y costos

  • Sumando los plazos del artículo 25 sin requerimiento de información: acto de inicio inmediato, 20 días hábiles para evaluación y visita, y hasta 30 días hábiles para la decisión.
  • Con requerimiento se añaden 10 días hábiles para convocar la reunión, un mes (prorrogable por otro) para que el solicitante responda, y 10 más 20 días hábiles si se piden conceptos a otras entidades.
  • Esos plazos se pueden suspender. El artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 suspende los términos que tiene la autoridad para decidir en dos casos: cuando hay audiencia pública ambiental, desde la fijación del edicto que la convoca hasta la expedición del acta; y cuando la autoridad considera necesario que el interesado actualice el pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, hasta que allegue esa decisión o la protocolización de la consulta, por un máximo de 18 meses, vencidos los cuales se archiva el expediente. Además, si el proyecto requiere sustraer un área de reserva forestal, la autoridad no puede expedir la decisión final hasta que el solicitante allegue el acto que concede la sustracción.
  • Son los plazos que fija la norma, no una estimación de cuánto tarda en la práctica.
  • El servicio de evaluación tiene costo. Ante la ANLA la autoliquidación se hace antes de radicar; si se requiere que la autoridad liquide, hay que pedirlo con al menos 15 días hábiles de antelación.
  • Las tarifas de evaluación y seguimiento de la ANLA las fija la Resolución 000921 del 14 de mayo de 2025, modificada por la Resolución 001153 del 20 de abril de 2026. Esta guía no publica valores: dependen del costo del proyecto, y la cadena de resoluciones cambia con frecuencia.

Errores frecuentes

  • Tramitar por separado permisos que la licencia ya lleva implícitos. La licencia incluye los permisos, autorizaciones y concesiones de uso o afectación de recursos naturales renovables que el proyecto necesite durante su vida útil; lo que hay que hacer es identificarlos con claridad en el estudio.
  • Radicar ante la autoridad equivocada. La competencia la fija el sector y la escala del proyecto, y si abarca dos o más jurisdicciones la solicitud va a la ANLA para que designe quién decide.
  • Descubrir tarde que el polígono toca un humedal RAMSAR, un páramo o un manglar. Eso obliga a un concepto previo del Ministerio de Ambiente, y es una verificación cartográfica que se puede hacer el primer día.
  • Responder el requerimiento con más de lo pedido. La información adicional se aporta una única vez y debe ser exclusivamente la solicitada; lo demás no se considera en la evaluación.
  • Dejar la autoliquidación para el día de la radicación. Ante la ANLA va antes, y si la liquida la autoridad hay que pedirlo con 15 días hábiles de antelación.
  • Empezar el estudio sin saber si el proyecto requiere además un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Cuando aplica, es previo, y el estudio se hace sobre la alternativa que escoja la autoridad.
  • Salir a muestrear sin el permiso de recolección de especímenes para estudios ambientales. Los registros tomados antes del permiso quedan fuera de su amparo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una licencia ambiental?

Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

¿Quién otorga la licencia ambiental: la ANLA o la corporación?

Depende del sector y de la escala. La ANLA la otorga de manera privativa para los proyectos del artículo 8, y las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y las autoridades creadas por la Ley 768 de 2002 para los del artículo 9, dentro de su jurisdicción. Si el proyecto abarca dos o más jurisdicciones, la solicitud se envía a la ANLA, que designa cuál decide.

¿Hay que tramitar aparte los permisos de agua, vertimientos o aprovechamiento forestal?

No, cuando hacen parte de un proyecto licenciado: la licencia ambiental lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables que el proyecto necesite durante su vida útil. Lo que hay que hacer es identificarlos con claridad en el estudio de impacto ambiental. Y si la licencia es de competencia privativa de la ANLA, las corporaciones no pueden otorgarlos por separado.

¿Qué documentos pide la solicitud?

El estudio de impacto ambiental, el Formulario Único de Licencia Ambiental, los planos en el Modelo de Almacenamiento Geográfico, el costo estimado de inversión y operación, el poder si se actúa por apoderado, la constancia de pago del servicio de evaluación, el documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, el certificado del Ministerio del Interior sobre comunidades étnicas, la radicación del documento exigido por el ICANH y el formato de verificación preliminar de la documentación que apruebe la autoridad. Según el proyecto se suman el título o contrato minero, el contrato de hidrocarburos y otros anexos por sector, y si la licencia es de la ANLA, la constancia de haber radicado copia del estudio ante las autoridades regionales.

¿Qué pasa si el proyecto toca un páramo, un manglar o un humedal RAMSAR?

La autoridad ambiental competente debe solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Es una verificación cartográfica que conviene hacer antes de diseñar, porque cambia el cronograma.

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Fuentes

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