EUDR a 48 días de su aplicación: la Comisión Europea descarta reabrir la ley y estima que el cumplimiento cuesta 75 % menos

Quien esperaba que el reglamento europeo contra la deforestación importada (EUDR) se reabriera otra vez antes de entrar en vigor ya tiene respuesta. El 4 de mayo de 2026 la Comisión Europea publicó su informe de revisión y fue explícita: no considera apropiado proponer más enmiendas al texto legal básico. La aplicación sigue fijada para el 30 de diciembre de 2026, dentro de 48 días, para las empresas grandes y medianas.

Es una estimación de la propia Comisión, no un costo medido. Lo útil para quien exporta o importa es entender de dónde sale ese recorte, porque cada pieza corresponde a una obligación concreta que cambió de manos.

Qué quedó fijo: fechas y quién responde

Según el informe de la Comisión, la reforma aprobada el 19 de diciembre de 2025 trasladó la declaración de diligencia debida al primer operador que pone un producto en el mercado de la UE o lo exporta. Los demás eslabones dejaron de presentar su propia declaración.

Actor	Qué debe hacer según el informe
Primer operador que coloca el producto en la UE	Presenta la declaración de diligencia debida en el sistema de información
Operador o comerciante posterior (no PYME)	Registrarse en el sistema y, si es el primero tras el operador, recoger y conservar los números de referencia
Productor primario micro o pequeño en país de bajo riesgo	Una sola declaración simplificada, con un identificador que pasa a quien compra
Empresas grandes y medianas	Aplicación desde el 30 de diciembre de 2026
Micro y pequeñas (la mayoría)	Aplicación desde el 30 de junio de 2027

Las micro y pequeñas que ya estaban cubiertas por el reglamento europeo de la madera deben cumplir también desde el 30 de diciembre de 2026, según el mismo informe.

Por qué el papel del intermediario es pasivo

La aclaración más práctica del paquete es para quienes compran el producto ya importado. El informe confirma que el primer operador posterior debe recolectar y conservar los números de referencia, pero que esa obligación es pasiva: no tiene que investigar ni pedirlos a su proveedor. Si no se los entregan, puede presumir de buena fe que su proveedor no es un operador de origen.

Además, en una venta al consumidor final el vendedor no tiene que recolectar nada de ese cliente. Siguen obligados, eso sí, a avisar a las autoridades si reciben información que apunte a incumplimiento, una obligación que el informe describe como puramente reactiva.

Qué cambia para el pequeño productor

El informe describe un régimen "muy simplificado" para agricultores y silvicultores micro o pequeños. En vez de presentar una declaración por cada despacho, hacen una sola declaración simplificada y la actualizan solo si hay cambios importantes. Pueden indicar una dirección postal en lugar de coordenadas siempre que corresponda claramente a la ubicación de la parcela, y las preguntas frecuentes añaden que también sirve la información catastral u otra que permita identificarla.

Hay un detalle de método que muestra cuánto pesa este cambio en la cifra del 75 %. Para calcular el ahorro, la Comisión supone que esa declaración se actualiza en promedio una vez cada 20 años, lo que reduce 95 % el costo anual recurrente de esos productores. Es un supuesto de modelo, no una norma: nada impide actualizarla antes.

Lo que el informe no entrega

El documento recoge que algunos actores pidieron una categoría de "riesgo cero" para países con deforestación insignificante, que eximiría de diligencia debida. Como la Comisión no propone tocar el texto básico, esa categoría no entra. Es una lectura propia de lo que el informe dice, no una frase textual suya.

Tampoco desaparece la exigencia de legalidad en origen. Lo que cambia es la proporcionalidad: la guía aclara que la información sobre legalidad debe ser proporcional al nivel de riesgo, con evidencia más detallada solo en cadenas de mayor riesgo. Para ayudar en esa verificación, la Comisión planea lanzar antes de la entrada en aplicación un repositorio con la legislación relevante de los países productores y otro con los esquemas de certificación aplicables.

Qué mirar en las próximas semanas

El comunicado de la Comisión del 13 de julio recuerda que el sistema de información reabrió a finales de junio con las declaraciones simplificadas y que los productos añadidos al alcance (café soluble, ciertos derivados de palma, lenguas de res congeladas) se aplicarán desde el 30 de diciembre de 2027.

Tres cosas conviene verificar antes de fin de año, y son recomendaciones propias:

• Su posición en la cadena. Si es el primer operador, la declaración es suya. Si es el primero tras él, le toca guardar los números. Las guías incluyen ejemplos por escenario.
• Si el productor que le vende califica como micro o pequeño. El informe aclara que incluso una empresa mayor puede calificar si demuestra que el segmento dedicado al producto cumple los criterios.
• El estado del repositorio de legislación. Si se publica a tiempo, será la referencia para sustentar la evidencia de legalidad.

Una conclusión

El mensaje de la Comisión es de estabilidad: el texto no se mueve y el margen para ajustar está en las guías, el sistema y los repositorios. Para quien aún no empezó, el costo estimado ya no justifica esperar otra prórroga, porque la propia Comisión argumenta que reabrir la ley restaría certeza jurídica. Y para el productor pequeño, lo más probable es que el trabajo real no sea presentar la declaración, sino disponer de una parcela identificable y bien descrita.

Estudios y cifras citados: informe de la Comisión Europea COM(2026) 191 final, 4 de mayo de 2026.

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Portada: ilustración conceptual de un productor de cacao registrando con su teléfono la esquina de su parcela. Imagen generada con IA (spacexai/grok-imagine-image).