Colombia cerró 1,5 millones de hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta a la minería y el petróleo

El 2 de junio de 2026 el Gobierno colombiano cerró, con carácter definitivo, 1.500.164 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta a cualquier título minero o contrato de hidrocarburos nuevo. La entrega pública ocurrió un día después en Bonda, un corregimiento de Santa Marta, con autoridades tradicionales de cuatro pueblos indígenas presentes.

No es una promesa de campaña ni un anuncio simbólico: es una resolución ya firmada, con un número de hectáreas exacto y una prohibición concreta.

---

Lo que dice la Resolución 0663

La Resolución 0663 de 2026 declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta, Gonawindúa". No nació de la nada: el propio Ministerio de Ambiente venía protegiendo la zona de forma temporal desde meses antes, con más de 940.000 hectáreas cubiertas por la Resolución 280 de 2026, según reconstruyó un análisis de la Universidad Externado, pensada para resguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural mientras se definía la protección permanente.

La resolución no solo hizo permanente esa protección: casi la duplicó. Y, algo que rara vez ocurre en la política ambiental colombiana, respondió a una solicitud formal que los propios pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo venían tramitando ante el Estado, según documentó el Consejo Nacional de Territorios Indígenas.

Qué queda prohibido y qué sigue funcionando igual

La resolución no convierte la Sierra Nevada en un territorio congelado. Distingue con precisión qué se cierra y qué sigue su curso normal:

Se prohíbe a partir de ahora	Sigue permitido
Nuevos títulos o contratos de concesión minera	Agricultura, ganadería y pesca
Nuevos contratos de exploración o explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación	Turismo, ecoturismo y turismo cultural
Nuevas licencias o permisos ambientales para minería o hidrocarburos	Construcción y mejora de vivienda
	Infraestructura vial, educativa, de salud y de servicios públicos
	Generación, transmisión y distribución de energía

La clave está en la palabra "nuevos". No es una prohibición retroactiva: es un cierre hacia adelante.

El límite que el propio Gobierno reconoce

Aquí es donde conviene leer la letra pequeña. El Ministerio de Ambiente aclaró que la resolución no afecta la propiedad privada ni los procesos de formalización de tierras en curso, y que para los territorios indígenas la medida no modifica las competencias ni la autonomía de los pueblos que habitan la Sierra, según la misma comunicación oficial.

Eso significa que los títulos mineros y contratos de hidrocarburos ya existentes dentro del polígono no desaparecen con la firma de la resolución. El análisis de la Universidad Externado lo señala sin rodeos: el respeto a los derechos adquiridos podría terminar limitando el alcance real de la protección, porque el cierre aplica hacia el futuro, no hacia lo que ya estaba en trámite o vigente antes de junio de 2026.

Qué significa esto para quien trabaja sobre ese territorio

Para cualquier proyecto de licenciamiento, línea base o planificación territorial que toque el polígono de la Sierra Nevada, el primer trabajo técnico ya no es opinar sobre la resolución: es superponer su límite exacto contra los títulos mineros y contratos de hidrocarburos vigentes antes de junio de 2026, porque ahí es donde queda la ambigüedad real. Un polígono que en el mapa se ve "cerrado" puede tener adentro un título de 2019 que la resolución no tocó.

También cambia el peso de la consulta previa. Con una reserva que nació de una solicitud indígena y no de una iniciativa unilateral del Estado, los cuatro pueblos ganan un argumento adicional frente a cualquier intervención futura que se intente tramitar por la vía de derechos ya adquiridos: no es solo su territorio ancestral, es una reserva que ellos mismos pidieron por escrito.

Conclusión

1,5 millones de hectáreas cerradas a nueva minería es una cifra grande incluso para el estándar colombiano de áreas protegidas, y la solicitud indígena detrás de la resolución le da un peso político distinto al de un decreto impuesto desde Bogotá. Pero una reserva que respeta los derechos adquiridos no es una reserva sin minería: es una reserva sin minería nueva. La diferencia entre esas dos frases es exactamente el trabajo técnico que falta por hacer antes de dar el caso por cerrado.