44.000 hectáreas, ocho baldíos y un juicio ambiental: el caso que enfrenta a una colonia menonita con el pueblo sikuani en el Meta

En Puerto Gaitán, Meta, una familia de empresarios antioqueños recibió ocho baldíos de la reforma agraria entre 1995 y 1997. Para 2004 los había consolidado en una sola sociedad. Veinte años después, parte de esa tierra, unas 6.762 hectáreas vendidas en 2024 por cerca de 25.000 millones de pesos, forma parte de una colonia menonita que hoy controla más de 44.000 hectáreas en la región, una extensión comparable a la de Bogotá.

Doce miembros de esa colonia están en juicio por deforestar 110 hectáreas de bosque. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), mientras tanto, ya devolvió un primer predio al pueblo indígena sikuani, que reclama esa tierra como territorio ancestral.

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Cómo se acumularon ocho baldíos en una sola finca

La investigación de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, publicada el 21 de mayo de 2026, reconstruyó el mecanismo. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy ANT) adjudicó ocho baldíos a la familia Trujillo Mejía entre 1995 y 1997. Para 2003 la familia había creado ocho sociedades distintas, una por cada predio, y en 2004 las consolidó en una sola compañía, "La Isla y El Rosario".

Eso choca directamente con la Ley 160 de 1994, que reservó los baldíos para reforma agraria y limitó a cada beneficiario a una sola Unidad Agrícola Familiar (UAF), con una extensión máxima de entre 1.000 y 1.500 hectáreas en los Llanos según el municipio. Consolidar ocho adjudicaciones en una sola finca es, en la práctica, el tipo de concentración que la norma buscaba evitar.

La ANT investiga hoy si esas adjudicaciones originales fueron irregulares. Ana Jimena Bautista, directora jurídica de la entidad, le dijo a Mongabay que el acceso al predio Campo Alegre, de 6.200 hectáreas y hoy en proceso de recuperación, se dificultó porque "los menonitas construyeron una vía" que bloqueaba la entrada, obligando a la ANT a tramitar una servidumbre legal para poder verificar el terreno.

El juicio: 110 hectáreas de bosque y cuatro puentes sin permiso

En paralelo al proceso de tierras corre un juicio penal distinto. La Fiscalía llamó a juicio el 20 de febrero de 2026 a doce integrantes de la colonia por talar cerca de 110 hectáreas de bosque entre 2017 y 2021, unos 65 campos de fútbol. Según imágenes satelitales presentadas por la Fiscalía, 93 de esas hectáreas corresponden solo al predio Campoalegre.

Los cargos no se limitan a la tala: los doce acusados construyeron cuatro puentes, de entre 6 y 7 metros de ancho y entre 11 y 16 metros de largo, sin permiso, invadiendo la Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. La Fiscalía documentó erosión del suelo y pérdida de corredores biológicos usados por fauna local. Cormacarena, la autoridad ambiental regional, y el Ministerio de Ambiente fueron reconocidos como víctimas en el proceso.

La fiscal a cargo fue explícita sobre el elemento de intención: los acusados "sabían que para talar árboles y remover vegetación se requería permiso de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Esto significa que fue un delito y, no obstante, con su voluntad, quisieron la realización de las obras", según recoge El Espectador. Los cargos incluyen aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, daño ambiental, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio.

La devolución al pueblo sikuani

Mientras avanza el juicio penal, la ANT ya devolvió un primer predio a la comunidad indígena que reclama esa tierra. En febrero de 2026 entregó el predio Cuba Libre, de entre 63 y 64 hectáreas, a la gobernadora Alba Rubiela Gaitán, de la comunidad sikuani de Barrulia. La comunidad había radicado 44 predios ante la ANT en 2018 como territorio ancestral, y la recuperación de Cuba Libre tomó más de seis años.

Predio	Hectáreas	Estado a agosto de 2026
Cuba Libre	63-64	Devuelto a la comunidad sikuani de Barrulia (feb. 2026)
Campo Alegre	6.200	En proceso de recuperación por la ANT
Lote vendido en 2024	6.762	Parte de los 44.000+ ha bajo control de la colonia menonita

Una decisión de la Corte Constitucional, del 14 de enero de 2026, ordenó retirar los puestos de control que impedían el acceso de la ANT a los predios en disputa, uno de los obstáculos que la entidad venía enfrentando para avanzar en la verificación de las 44.000 hectáreas.

Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, resumió el sentido de la Ley 160 de 1994 en la investigación de Mongabay: la norma buscaba explícitamente "evitar la concentración inequitativa de la propiedad rural". Treinta años después, ese es exactamente el punto que un juez y la ANT tienen que resolver en Puerto Gaitán, con una finca de 44.000 hectáreas y un juicio penal de por medio.

Qué revela este caso sobre el catastro rural colombiano

El caso menonita no es un hecho aislado: es un ejemplo de cómo un vacío de dos décadas en la verificación catastral permite que una acumulación irregular de tierra pase desapercibida hasta que un conflicto la saca a la luz. Los ocho baldíos se adjudicaron entre 1995 y 1997; la consolidación en una sola sociedad ocurrió en 2004; la investigación pública de la ANT solo se documentó públicamente veinte años después, en 2026.

Ese desfase importa porque las decisiones que definen el uso del suelo, ganadería extensiva, tala, apertura de vías, ya estaban tomadas mucho antes de que cualquier autoridad pudiera intervenir. La imagen satelital que la Fiscalía usó para calcular las 93 hectáreas deforestadas en Campoalegre es, en ese sentido, el tipo de evidencia que hoy permite reconstruir en retrospectiva lo que el catastro no alcanzó a vigilar en tiempo real. Para el resto de los Llanos Orientales, donde persisten baldíos adjudicados bajo las mismas reglas de los noventa, el caso deja una pregunta abierta: cuántas fincas más superan hoy el límite de una UAF sin que nadie lo haya verificado todavía.