Colombia ya protege más mar que tierra: lo que dice el examen de la OCDE de 2026

Colombia ya cumplió, y superó, la meta global de proteger el 30% de sus áreas marinas y costeras para 2030: llegó al 47,4%. En tierra va mucho más atrás, con el 26,3% protegido frente a una meta nacional propia del 34%, según documenta un reportaje de Mongabay de abril de 2026 basado en cifras oficiales.

Esa asimetría, mucho mar y poca tierra todavía por cerrar, es una de las señales centrales del examen de desempeño ambiental que la OCDE le hizo a Colombia y publicó el 28 de enero de 2026, una década después de la primera evaluación del país ante ese organismo.

Por qué un examen de la OCDE debería importarle a quien gestiona biodiversidad

No es un informe de opinión ni un ranking mediático. Es una revisión técnica, hecha con la misma metodología que la OCDE aplica a sus países miembro, que cruza indicadores oficiales colombianos contra los de economías comparables y termina en recomendaciones concretas de política pública.

Para una organización que reporta biodiversidad, gestiona compensaciones o tiene que responder ante un cliente o un regulador sobre impacto ambiental, este documento funciona como un mapa de qué le va a exigir el país en los próximos años: dónde está la brecha, qué sector concentra la presión y qué recomendación específica quedó anotada para cerrarla.

Lo que el informe encontró: mucha riqueza, degradación acelerada

El punto de partida del examen es la escala de lo que hay que proteger. Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad global, con más de 200.000 especies estimadas distribuidas en 314 ecosistemas continentales y marinos, de acuerdo con el capítulo de biodiversidad del informe de la OCDE.

Contra ese telón de fondo, el hallazgo más duro es que la degradación se está acelerando, impulsada por conflictos de uso del suelo, expansión agrícola y urbana, extracción de madera, industrias extractivas, infraestructura y especies invasoras, la misma lista de presiones que aparece, con distintos pesos, en la mayoría de diagnósticos ambientales del país en los últimos años.

La meta 30x30, desagregada: dónde sí y dónde no

El indicador más citable del informe es también el más fácil de malinterpretar si se lee de forma agregada. Colombia se comprometió a proteger el 34% de su territorio para 2030 (por encima del objetivo global del 30% del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal), y el avance real es muy distinto según el dominio:

Dominio	Protegido y conservado hoy	Meta 2030	Estado
Marino y costero	47,4%	30% (global)	Meta ya superada
Terrestre y aguas continentales	26,3%	34% (nacional)	Aún por cerrar
Promedio global terrestre (referencia)	18,4%	30%	Colombia va por encima del promedio mundial
Promedio global marino (referencia)	10,0%	30%	Colombia va muy por encima del promedio mundial

Colombia no llega a esos números solo con parques nacionales tradicionales. El país usa un mosaico de figuras: 331 áreas protegidas con evaluaciones de efectividad de manejo (8 de ellas en la Lista Verde de la UICN), más de 1.400 reservas de la sociedad civil que suman 2.714 km², esquemas de coadministración con comunidades indígenas y afrodescendientes, y La Ilusión, la primera Otra Medida Efectiva de Conservación (OMEC) registrada en América Latina y el Caribe, según el mismo reportaje de Mongabay. El financiamiento de largo plazo también entra en la cuenta: la iniciativa Herencia Colombia (HECO) ya aseguró USD 245 millones para sostener cerca de 19 millones de hectáreas.

Qué pide la OCDE que cambie

El examen no se queda en el diagnóstico: deja 46 recomendaciones para que Colombia avance en distintos frentes ambientales, con un énfasis explícito en integrar la biodiversidad dentro de la agricultura, la minería, la energía y el ordenamiento del uso del suelo, según el propio resumen de la OCDE, en lugar de tratarla como un asunto exclusivo de las autoridades ambientales.

Esa es la parte que más debería llamar la atención de un sector productivo: la OCDE evalúa explícitamente el marco legal, estratégico e institucional de biodiversidad, los instrumentos de política y financiamiento disponibles, y qué tan bien esos instrumentos ya están incorporados en las decisiones de los sectores que más presionan los ecosistemas. Un hallazgo bajo en ese frente no es una nota simbólica: apunta a dónde es probable que aparezcan nuevas exigencias regulatorias o de reporte en los próximos años.

Qué significa esto para quien reporta o gestiona biodiversidad hoy

Tres lecturas prácticas del informe, más allá de la cifra genérica de "dos tercios de ecosistemas amenazados":

• La meta terrestre sigue abierta, y ahí es donde más se va a mover la política pública en los próximos años: nuevas declaratorias, ampliaciones y esquemas de conservación privada o comunitaria son más probables en tierra que en mar, porque ahí está la brecha frente a la meta nacional.
• El financiamiento de largo plazo (HECO y esquemas similares) ya es parte del modelo, no una excepción: cualquier organización que gestione compensación o restauración debería mirar cómo esos fondos estructuran incentivos, porque marcan un estándar de continuidad (30 años, en el caso de HECO) que las compensaciones puntuales rara vez igualan.
• La recomendación de "integrar biodiversidad en sectores productivos" no es retórica: es la parte del examen que más directamente anticipa hacia dónde se mueve la exigencia regulatoria para agricultura, minería y energía, los tres sectores que el propio informe nombra.

El examen de la OCDE no resuelve nada por sí solo: es un diagnóstico técnico, no una norma. Pero es el tipo de documento que termina citado, meses o años después, cuando esas 46 recomendaciones empiezan a convertirse en decretos, resoluciones o exigencias de reporte. Vale la pena leerlo ahora, no cuando eso ya esté pasando.

Portada: dosel del bosque amazónico colombiano visto desde el aire, en el departamento de Amazonas. Jorge.kike.medina, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.